[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"$fkbQR63hUUmJYGzOughoz-OAxJhTHbjGUYd8F5-3kyFc":3},{"slug":4,"title":5,"summary":6,"category":7,"author":10,"image_url":16,"image_thumb_url":16,"published_at":17,"updated_at":17,"body_html":18,"keywords":19,"reading_time_minutes":20,"related_articles":21,"related_course":57,"related_specialty":19},"ley-marco-de-ciberseguridad-de-guatemala-decreto-26-2026-que-cambia-para-empresas-pentesters-y-estudiantes","Ley Marco de Ciberseguridad de Guatemala (Decreto 26-2026): qué cambia para empresas, pentesters y estudiantes","Analizamos la ley aprobada el 3 de noviembre: nuevas instituciones, plazos de reporte de incidentes, delitos y penas, la excepción para pentesting autorizado y lo que todavía queda pendiente.",{"slug":8,"name":9},"seguridad-informacion","Seguridad de la información",{"username":11,"name":12,"avatar_url":13,"headline":14,"aboutme":15},"Omar_veliz","Omar Jacobo Muñoz Veliz","https:\u002F\u002Fapi.backtrackacademy.com\u002Frails\u002Factive_storage\u002Fblobs\u002Fredirect\u002FeyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdmdGIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--de6eb458d07377fb9d25e6ed92e1917f274c8cdb\u002Fprofile.jpg","Content at Backtrack Academy","Content Dev en backtrackacademy, auditor de seguridad informatica y desarrollador de software.","https:\u002F\u002Fapi.backtrackacademy.com\u002Frails\u002Factive_storage\u002Fblobs\u002Fredirect\u002FeyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdndTIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--bb788bc971e3d151e38aac31369bb2c8941ce40b\u002FGobernanza%20digital%20ante%20el%20palacio.png","2026-11-06T14:52:17-03:00","\u003Cp>El 3 de noviembre de 2026, el Congreso de Guatemala aprobó la \u003Cstrong>Ley Marco de Ciberseguridad\u003C\u002Fstrong>, el Decreto 26-2026, con 121 votos a favor y 10 en contra. Se tramitó de urgencia nacional, en un solo debate. Llega tras una serie de ataques en 2026 contra instituciones públicas, universidades, la Corte de Constitucionalidad y empresas privadas, en un país que hasta ahora solo tenía algunos delitos informáticos dispersos en el Código Penal.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Leí el decreto completo, con las enmiendas aprobadas en el pleno, que cambian varias penas y agregan salvaguardas. Este artículo resume qué crea la ley, qué obliga a hacer, qué castiga y, sobre todo, qué significa para quienes trabajamos o estudiamos ciberseguridad. La referencia final será el texto publicado en el Diario Oficial, y esto no es asesoría legal.\u003C\u002Fp>\u003Ch2>La nueva estructura del Estado\u003C\u002Fh2>\u003Cp>La ley crea una jerarquía institucional que antes no existía:\u003C\u002Fp>\u003Cul>\r\n\u003Cli>\u003Cp>\u003Cstrong>Consejo Nacional de Ciberseguridad (CONCIBER):\u003C\u002Fstrong> es el ente rector. Lo preside el presidente de la República e incluye a los ministros de Gobernación, Relaciones Exteriores, Defensa, Comunicaciones y Finanzas, a la Secretaría de Inteligencia Estratégica y al director de DICIBER. No tiene presupuesto propio y se reúne cada mes.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\r\n\u003Cli>\u003Cp>\u003Cstrong>Dirección Nacional de Ciberseguridad (DICIBER):\u003C\u002Fstrong> es el órgano técnico y operativo, adscrito al Ministerio de Gobernación, con presupuesto propio y carácter de cuerpo de seguridad del Estado. Elabora la Política Nacional de Ciberseguridad y aplica el régimen de sanciones administrativas.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\r\n\u003Cli>\u003Cp>\u003Cstrong>CRIC-GT:\u003C\u002Fstrong> es el centro nacional de respuesta a incidentes, dependiente de DICIBER. Monitorea, emite alertas, coordina la respuesta y hace simulacros. Debe estar operando a más tardar \u003Cstrong>18 meses\u003C\u002Fstrong> después de que la ley entre en vigor.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\r\n\u003Cli>\u003Cp>\u003Cstrong>CRIC institucionales y sectoriales:\u003C\u002Fstrong> las entidades públicas deben crear su equipo de respuesta o, como mínimo, contratar un \u003Cstrong>Oficial de Seguridad de la Información\u003C\u002Fstrong> independiente del área de TI. Los sectores privados pueden agruparse en CRIC sectoriales.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\r\n\u003Cli>\u003Cp>\u003Cstrong>Mesa Técnica de Ciberseguridad:\u003C\u002Fstrong> es un espacio de asesoría al Consejo con representantes de los sectores estratégicos, la academia y la sociedad civil.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\r\n\u003Cli>\u003Cp>\u003Cstrong>Ciberdefensa:\u003C\u002Fstrong> el Ministerio de la Defensa crea una unidad especializada, elabora el Catálogo de Infraestructuras Críticas Digitales y lidera la respuesta cuando un ataque afecta la soberanía nacional.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\r\n\u003C\u002Ful>\u003Cp>Los incidentes se gestionan en cuatro niveles. En el nivel 1 responde la institución afectada. En el nivel 2, la institución junto con el CRIC-GT. En el nivel 3, cuando el impacto es nacional y multisectorial, el Consejo se constituye en Comité de Crisis. En el nivel 4, si se afecta la soberanía, la respuesta la lidera Defensa.\u003C\u002Fp>\u003Ch2>Obligaciones: reportar rápido y demostrar diligencia\u003C\u002Fh2>\u003Cp>Los \u003Cstrong>sujetos obligados\u003C\u002Fstrong> son los operadores de servicios esenciales y quienes administran sistemas cuya afectación pueda comprometer servicios esenciales, infraestructuras críticas o sistemas estratégicos. Deben aplicar medidas técnicas y organizativas proporcionales al riesgo y cumplir estándares o buenas prácticas internacionales.\u003C\u002Fp>\u003Cp>La obligación más concreta es el reporte de incidentes significativos: los CRIC institucionales y sectoriales deben alertar al CRIC-GT en estos plazos:\u003C\u002Fp>\u003Col>\r\n\u003Cli>\u003Cp>\u003Cstrong>3 horas\u003C\u002Fstrong> para alertar si el incidente afecta una infraestructura crítica. El borrador original decía 30 minutos y el pleno lo amplió.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\r\n\u003Cli>\u003Cp>\u003Cstrong>6 horas\u003C\u002Fstrong> para alertar en los demás casos.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\r\n\u003Cli>\u003Cp>\u003Cstrong>72 horas\u003C\u002Fstrong> para entregar el reporte completo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\r\n\u003C\u002Fol>\u003Cp>El CRIC-GT debe anonimizar los reportes. Además, una enmienda aclara que el deber de cooperar no obliga a entregar información protegida por el secreto bancario o por la ley contra el lavado de dinero sin orden judicial.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Las infracciones administrativas se clasifican en leves, graves y gravísimas, pero \u003Cstrong>la ley no las define\u003C\u002Fstrong>: lo hará el reglamento, que el Ministerio de Gobernación debe aprobar en un plazo de seis meses. La ley ordena privilegiar la corrección sobre la sanción, y lo recaudado en multas se destina a prevención, formación e investigación.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Hay dos exclusiones importantes. Las entidades con normativa específica de ciberseguridad, como el sector bancario supervisado, se rigen por ella, y lo mismo ocurre con las entidades reguladas por leyes de rango constitucional.\u003C\u002Fp>\u003Ch2>Los delitos y sus penas\u003C\u002Fh2>\u003Cp>La ley deroga varios artículos de delitos informáticos del Código Penal (274 A, B, E, F y G) y tipifica estos delitos, con las penas que dejaron las enmiendas aprobadas:\u003C\u002Fp>\u003Cul>\r\n\u003Cli>\u003Cp>\u003Cstrong>Acceso ilícito (art. 43):\u003C\u002Fstrong> acceder sin autorización \u003Cem>o excediendo la autorización que se posee\u003C\u002Fem>, infringiendo medidas de seguridad. De 4 a 6 años, según la corrección manuscrita de la enmienda.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\r\n\u003Cli>\u003Cp>\u003Cstrong>Interceptación ilícita (art. 44):\u003C\u002Fstrong> de 5 a 8 años.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\r\n\u003Cli>\u003Cp>\u003Cstrong>Ataque a la integridad de los datos (art. 45):\u003C\u002Fstrong> ocultar, dañar, borrar o alterar datos. De 5 a 7 años.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\r\n\u003Cli>\u003Cp>\u003Cstrong>Ataque a la integridad del sistema (art. 46):\u003C\u002Fstrong> obstaculizar su funcionamiento, por ejemplo con un ransomware o un DDoS. De 5 a 8 años.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\r\n\u003Cli>\u003Cp>\u003Cstrong>Falsificación informática (art. 47):\u003C\u002Fstrong> de 2 a 6 años.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\r\n\u003Cli>\u003Cp>\u003Cstrong>Apropiación de identidad ajena (art. 48):\u003C\u002Fstrong> de 2 a 4 años, o de 3 a 6 si se infringen medidas de seguridad.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\r\n\u003Cli>\u003Cp>\u003Cstrong>Fraude informático (art. 49):\u003C\u002Fstrong> incluye el uso de ingeniería social. De 4 a 8 años.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\r\n\u003Cli>\u003Cp>\u003Cstrong>Abuso de dispositivos (art. 50):\u003C\u002Fstrong> producir, vender o distribuir herramientas o contraseñas \u003Cem>con la finalidad\u003C\u002Fem> de cometer estos delitos. De 3 a 6 años.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\r\n\u003C\u002Ful>\u003Cp>Las penas suben una tercera parte cuando el autor es un empleado o proveedor de la víctima, cuando se afectan datos confidenciales o de seguridad nacional, o cuando hay beneficio económico. Suben dos terceras partes si el ataque es contra una infraestructura crítica digital. Un funcionario que ataque a su propia institución queda además inhabilitado por siete años.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Las personas jurídicas utilizadas para cometer estos delitos enfrentan multas de 100.000 a 300.000 quetzales y penas accesorias como el congelamiento de cuentas, la inhabilitación para contratar con el Estado o, si reinciden, la cancelación de la personalidad jurídica. Hay un matiz importante: cuando la empresa es \u003Cem>víctima\u003C\u002Fem>, se valorará si actuó con diligencia al implementar medidas razonables de seguridad.\u003C\u002Fp>\u003Ch2>Lo que importa si haces pentesting, bug bounty o investigación\u003C\u002Fh2>\u003Cp>Esta es la parte que más nos afecta como comunidad. La ley incluye una \u003Cstrong>exclusión de responsabilidad\u003C\u002Fstrong>, penal (art. 55) y administrativa (art. 42), para dos casos:\u003C\u002Fp>\u003Col>\r\n\u003Cli>\u003Cp>La práctica autorizada en la que expertos simulan ataques para encontrar y corregir fallas, es decir, el pentesting y el red teaming.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\r\n\u003Cli>\u003Cp>Las acciones de docentes o estudiantes con fines académicos legítimos, sin ánimo de lucro, sin causar daño y siguiendo protocolos reconocidos de divulgación de vulnerabilidades.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\r\n\u003C\u002Fol>\u003Cp>La condición clave está al final de ambos artículos: la legalidad, el objeto y el alcance de esas acciones \u003Cstrong>deben estar definidos previamente en un contrato o convenio\u003C\u002Fstrong>. Sumado a que el acceso ilícito incluye \"exceder la autorización que se posee\", el mensaje es claro: en Guatemala, el alcance de un pentest deja de ser un detalle administrativo y pasa a ser lo que separa una prueba legal de un delito.\u003C\u002Fp>\u003Cp>En la práctica:\u003C\u002Fp>\u003Cul>\r\n\u003Cli>\u003Cp>\u003Cstrong>Nada sin contrato:\u003C\u002Fstrong> la autorización debe ser escrita y firmada por quien tiene facultad sobre los sistemas, no solo por el contacto técnico.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\r\n\u003Cli>\u003Cp>\u003Cstrong>Alcance explícito:\u003C\u002Fstrong> dominios, IPs, aplicaciones, cuentas de prueba, ventanas horarias, técnicas permitidas (por ejemplo, si se permite ingeniería social o denegación de servicio) y qué hacer si encuentras datos personales.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\r\n\u003Cli>\u003Cp>\u003Cstrong>Un hallazgo fuera del alcance no se explota:\u003C\u002Fstrong> se documenta y se pide una ampliación por escrito.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\r\n\u003Cli>\u003Cp>\u003Cstrong>Bug bounty:\u003C\u002Fstrong> participa solo en programas con reglas publicadas que autoricen la prueba. Encontrar una falla en un sistema sin programa ni convenio y \"probarla un poco\" no tiene protección en esta ley.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\r\n\u003Cli>\u003Cp>\u003Cstrong>Estudiantes:\u003C\u002Fstrong> practica en tus propios laboratorios o en plataformas diseñadas para eso. La excepción académica exige ausencia de daño y divulgación responsable, y aun así pide un convenio.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\r\n\u003C\u002Ful>\u003Cp>Sobre las herramientas, el artículo 50 castiga las herramientas solo cuando se usan \u003Cem>con la finalidad\u003C\u002Fem> de cometer delitos, y una enmienda aclara que no hay responsabilidad cuando se usan para pruebas autorizadas o para proteger sistemas. Tener Burp Suite, Metasploit o un diccionario de contraseñas para tu trabajo no es delito. Venderle a alguien un kit para robar cuentas sí lo es.\u003C\u002Fp>\u003Ch2>Investigación penal y derechos\u003C\u002Fh2>\u003Cp>La ley da al Ministerio Público y a los jueces herramientas que antes no tenían: órdenes a los proveedores para entregar datos de usuarios, registro de sistemas, aseguramiento digital sin secuestrar equipos y, de forma excepcional, interrupción de transmisiones e interceptación de comunicaciones por hasta dos meses, prorrogables una vez, en casos de crimen organizado o ataques graves a infraestructuras críticas. También crea una fiscalía especializada, la Red 24\u002F7 de cooperación internacional y unidades especializadas en INACIF, PNC y la Defensa Pública.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Las enmiendas aprobadas añadieron controles relevantes. Cada orden de registro debe delimitar los sistemas y la información buscada, y la copia forense tiene prioridad sobre la incautación. Extender el registro a otro sistema conectado requiere una nueva orden. En la nube debe protegerse a los demás clientes del proveedor. Las interrupciones de servicios esenciales se revisan judicialmente cada 24 horas, y antes de afectar servicios financieros el juez debe consultar al Banco de Guatemala o a la Superintendencia de Bancos.\u003C\u002Fp>\u003Ch2>Evaluación: avances, preocupaciones y pendientes\u003C\u002Fh2>\u003Ch3>Lo positivo\u003C\u002Fh3>\u003Cul>\r\n\u003Cli>\u003Cp>Da a Guatemala, por primera vez, una institucionalidad clara y un CSIRT nacional con mandato legal.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\r\n\u003Cli>\u003Cp>Los plazos de reporte y la figura del Oficial de Seguridad de la Información empujan a las organizaciones a prepararse antes del incidente.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\r\n\u003Cli>\u003Cp>Reconoce expresamente el pentesting autorizado y la investigación académica, algo que muchas leyes de la región no hacen.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\r\n\u003Cli>\u003Cp>Tipifica los delitos y regula la cooperación internacional en la línea del Convenio de Budapest, algo que sus impulsores ven como un paso para que Guatemala se adhiera a él.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\r\n\u003Cli>\u003Cp>Incluye la ciberseguridad en el Currículo Nacional Base y destina las multas a formación.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\r\n\u003C\u002Ful>\u003Ch3>Lo que preocupa\u003C\u002Fh3>\u003Cul>\r\n\u003Cli>\u003Cp>\u003Cstrong>El proceso:\u003C\u002Fstrong> se aprobó de urgencia nacional en un solo debate, con un paquete amplio de enmiendas. Varios diputados pidieron más tiempo para revisarlas, y el CACIF, aunque apoya la ley, pidió cambios técnicos y advirtió sobre posibles impugnaciones de inconstitucionalidad.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\r\n\u003Cli>\u003Cp>\u003Cstrong>Demasiado queda para el reglamento:\u003C\u002Fstrong> las infracciones administrativas, las sanciones y los requisitos de los equipos de respuesta se definirán por vía reglamentaria, lo que deja incertidumbre sobre las obligaciones concretas de las empresas.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\r\n\u003Cli>\u003Cp>\u003Cstrong>Rectoría en Gobernación:\u003C\u002Fstrong> la autoridad técnica es un cuerpo de seguridad dentro del ministerio que también dirige la policía. Esto exige controles fuertes y transparencia sobre el uso de las facultades de investigación y monitoreo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\r\n\u003Cli>\u003Cp>\u003Cstrong>Investigadores independientes:\u003C\u002Fstrong> la protección exige contrato o convenio. Quien reporta de buena fe una vulnerabilidad sin un programa de divulgación queda en una zona gris.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\r\n\u003Cli>\u003Cp>\u003Cstrong>Falta una ley de protección de datos personales:\u003C\u002Fstrong> la ley protege los sistemas, pero el país sigue sin un marco integral de privacidad.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\r\n\u003C\u002Ful>\u003Ch3>Lo que hay que seguir\u003C\u002Fh3>\u003Cul>\r\n\u003Cli>\u003Cp>La sanción y publicación en el Diario Oficial. La ley entra en vigor 30 días después.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\r\n\u003Cli>\u003Cp>El reglamento, a los 6 meses de la vigencia.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\r\n\u003Cli>\u003Cp>La puesta en marcha del CRIC-GT, en un plazo de hasta 18 meses.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\r\n\u003Cli>\u003Cp>El presupuesto real asignado y la capacidad de contratar personal especializado. El talento en ciberseguridad ya es escaso.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\r\n\u003C\u002Ful>\u003Ch2>Qué puede hacer tu organización desde ya\u003C\u002Fh2>\u003Col>\r\n\u003Cli>\u003Cp>\u003Cstrong>Determina si eres sujeto obligado\u003C\u002Fstrong> o si te rige una normativa específica, como la de la Superintendencia de Bancos.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\r\n\u003Cli>\u003Cp>\u003Cstrong>Ajusta tu plan de respuesta a incidentes\u003C\u002Fstrong> a los plazos de 3, 6 y 72 horas. Eso implica detectar, clasificar y escalar en horas, no en días.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\r\n\u003Cli>\u003Cp>\u003Cstrong>Designa a un responsable de seguridad de la información\u003C\u002Fstrong> con independencia del área de TI.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\r\n\u003Cli>\u003Cp>\u003Cstrong>Revisa tus contratos de pentesting y los de tus proveedores:\u003C\u002Fstrong> alcance, autorización y manejo de datos.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\r\n\u003Cli>\u003Cp>\u003Cstrong>Documenta tus controles.\u003C\u002Fstrong> Si eres víctima, la ley valorará tu diligencia.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\r\n\u003Cli>\u003Cp>\u003Cstrong>Publica una política de divulgación de vulnerabilidades\u003C\u002Fstrong> para que quien encuentre una falla en tus sistemas tenga un canal legal para reportarla.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\r\n\u003C\u002Fol>\u003Cp>La ley es un paso necesario y llega tarde. Su efecto real dependerá del reglamento, del presupuesto y de que haya profesionales preparados para operar todo lo que crea. En eso, la comunidad tiene mucho que aportar.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Fuentes\u003C\u002Fh3>\u003Cul>\r\n\u003Cli>\u003Cp>Decreto 26-2026, Ley Marco de Ciberseguridad, texto aprobado y enmiendas del 3 de noviembre de 2026.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\r\n\u003Cli>\u003Cp>\u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fwww.prensalibre.com\u002Fahora\u002Fguatemala\u002Fpolitica\u002Fcongreso-aprueba-de-urgencia-nacional-la-ley-de-ciberseguridad-con-121-votos\u002F\">Prensa Libre: Congreso aprueba de urgencia nacional la Ley de Ciberseguridad con 121 votos\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\r\n\u003Cli>\u003Cp>\u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fwww.infobae.com\u002Fguatemala\u002F2026\u002F11\u002F04\u002Fel-congreso-de-guatemala-aprueba-la-ley-marco-de-ciberseguridad-con-121-votos-y-crea-una-estructura-estatal\u002F\">Infobae: el Congreso de Guatemala aprueba la Ley Marco de Ciberseguridad\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\r\n\u003Cli>\u003Cp>\u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fwww.soy502.com\u002Farticulo\u002Fcongreso-busca-aprobar-urgencia-nacional-ley-ciberseguridad-101962\">Soy502: Congreso busca aprobar de urgencia nacional la Ley de Ciberseguridad\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\r\n\u003Cli>\u003Cp>\u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fwww.congreso.gob.gt\u002Fnoticias_congreso\u002F17397\u002F2026\u002F4\">Congreso de la República: normativa previene y persigue los delitos digitales\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\r\n\u003C\u002Ful>",null,10,[22,34,45],{"slug":23,"title":24,"summary":25,"category":26,"author":27,"image_url":31,"image_thumb_url":31,"published_at":32,"updated_at":33},"prompt-injection-en-agentes-de-ia-el-riesgo-de-agents-md","Prompt injection en agentes de IA: el riesgo de AGENTS.md","¿Un archivo de texto puede terminar dándole órdenes peligrosas a una inteligencia artificial? 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